El Observatorio Judicial y lo que no se observa.

Mucho se ha hablado por estos días de un proyecto impulsado por el gobierno, que busca crear un observatorio judicial. Esta entidad tiene por finalidad ejercer una supervigilancia de los fallos que dicten los jueces en nuestro país.

Algunos pensarán que este no es un tema relevante para la sociedad, otros pensarán que tal vez sea necesario que los jueces deben ser “fiscalizados” por alguien en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, otros pensaremos que esta iniciativa es inconstitucional, pero lo cierto es que en nuestra legislación ya existen mecanismos de control en torno a la  judicatura y que se encuentran en manos del mismo Poder Judicial.

Para tener una noción clara del tema, primero debemos trasladarnos hacia los tiempos de la Revolución Francesa. La teoría del Estado moderno implica que para un mejor cometido, éste debe separarse en torno a las funciones que le encomienda la ciudadanía. La facultad de gobernar, quedará en manos del poder ejecutivo; la de crear leyes y normas, en el poder legislativo; y la de ejercer el control jurisdiccional de los actos de los particulares, corresponderá al poder judicial.

Ninguno de estos tres “poderes” del Estado debe interferir en las funciones que le sean encomendadas a otro. Y es por ello que nuestro mismo sistema estatal incorpora herramientas de comunicación entre instituciones, y herramientas de fiscalización internas.

En el caso del Poder Judicial, la superintendencia disciplinaria y correctiva de todos los tribunales del país (excepto del TC y el Tricel), corresponde a la Corte Suprema. Asimismo, existe el recurso de queja, que constituye un mecanismo extraordinario contra los jueces que en el ejercicio de su función cometan faltas graves y, por último, sanciones penales a los jueces por los delitos de cohecho y prevaricación.

Entonces cabe preguntarse, si ya existen herramientas tendientes a que los jueces ejerzan sus funciones dentro de un marco jurídico determinado y basado en ciertos principios, con base constitucional ¿qué es lo que se pretende con la creación de este famoso observatorio judicial?

Simplemente interferir. Influir y presionar políticamente a una institución que actualmente goza de independencia partidista, que no va donde calienta el sol, que no hace lo que quieren los medios de comunicación, sino lo que está establecido en la ley.

Esa ley, que según el ejecutivo beneficia a los delincuentes,  no la creó el poder judicial, ni la asociación de magistrados, ni un puñado de abogados, sino que un montón de individuos de diversas áreas que hoy se están exhibiendo al pueblo, con ofertones de proyectos de ley al por mayor, con carteles, panfletos y shows por todos lados y que no son capaces de dar explicaciones de por qué no han sabido hacerse cargo de los reales problemas de política criminal que tenemos en Chile, como son el hacinamiento en las cárceles y la falta de inversión en reinserción social.